El pasado 21 de octubre, la Fundación de Estudios Financieros (FEF) presentó en la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros de Valencia su Documento de Trabajo número 4, dedicado a la economía sumergida en España.
A través de estos documentos de trabajo, la FEF trata de emitir opiniones sobre temas de importancia y actualidad en el ámbito económico y social. Y, sin duda, la economía sumergida lo es. No se trata de un problema nuevo pero las dimensiones que ha adquirido le otorgan una especial trascendencia y lo convierten en una importante lacra social.
De acuerdo con un estudio de Tax Justice Net work de noviembre de 2011, su tamaño a escala mundial alcanzaba en esa fecha 11,1 billones de dólares, equivalente al 18,1% del PIB global. Este nivel de actividad encubierta significa una importante merma de los ingresos públicos y, en palabras de la propia institución que realizó el estudio, un atentado contra la sociedad democrática.
En el trabajo se tratan de responder las múltiples cuestiones que su propia naturaleza de actividad encubierta suscita. Entre ellas: ¿qué se entiende por economía sumergida?, ¿por qué existe?, ¿cuáles son sus efectos?, ¿cómo se puede estimar su volumen?, ¿qué impacto sobre la recaudación podría tener su emersión?, ¿qué implicaciones tiene para el mercado laboral y el resto de variables macro?, ¿qué nuevas medidas se podrían adoptar?
Las ideas principales que configuran el documento presentado podemos agruparlas en tres grupos: (i) concepto de economía sumergida, (ii) estimación de su valor y (iii) posibles medidas para combatirla.
Concepto
El concepto que se utiliza en el informe se basa en las definiciones de la Comisión Europea y de la OCDE sobre la economía sumergida. Para ambas, su significado comprende actividades productivas y legales en sentido económico, que son ocultadas deliberadamente a las autoridades públicas. De acuerdo con esta definición, la única diferencia entre actividades regulares y sumergidas es que éstas no son declaradas a las autoridades fiscales, laborales o administrativas o lo son solo parcialmente.
Aunque, obviamente, desde el momento en que no se cumplen las obligaciones tributarias la actividad sumergida se convierte en irregular, el concepto no incluye actividades delictivas, sino que se refiere a cuestiones más próximas e incluso aceptadas socialmente; situaciones de nuestra vida cotidiana, tales como el pago de servicios sin IVA o la contratación de trabajadores sin declararlo.
Estimación del valor de la economía sumergida
Las metodologías comúnmente empleadas para estimar el tamaño de la economía sumergida son muy limitadas y sus valoraciones han de considerarse como aproximaciones más que como medidas exactas. A pesar de ello, las estimaciones tienen el valor de servir para apreciar la tendencia y evolución temporal de su volumen, así como para hacer comparaciones con otros países y zonas geográficas.
Los estudios analizados sitúan su volumen en España alrededor del 18,6% del PIB, los más recientes, y por encima del 20%, según trabajos anteriores. Es un nivel inaceptable por su cuantía y porque es notablemente superior al de otros países europeos (Austria, Holanda o Suiza se sitúan por debajo del 10%, Francia y Reino Unido en el entorno del 10% y Alemania en el 13%). Solamente Italia supera la cifra española.
En la Comunidad Valenciana, según la estimación de la Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), la cifra alcanzaba 24.707 millones de euros en datos de 2009, lo que representaría el 24,3% de su PIB.
Acercar el nivel de economía sumergida en España a la media de los países más grandes de Europa en términos de PIB supondría entre 18.000 y 20.000 millones de euros anuales de ingresos adicionales para el conjunto de la economía española. Y, para el caso de la Comunidad Valenciana, extrapolando los datos, de unos 2.000 millones de euros. Cifras nada despreciables que suponen aproximadamente entre el 1,8%-2,0% de los respectivos PIB.
Y, de estas cifras, se estima que en torno a un 8% del PIB es consecuencia del fraude laboral, lo que en términos de empleo equivaldría a al menos 1 millón de puestos de trabajo que deberían aflorar en España y unos 130.000 en la Comunidad Valen ciana.
Posibles medidas a adoptar
En Europa se han implantado en los últimos años numerosas medidas para luchar contra la economía sumergida. Son medidas disuasorias, basadas en la detección y sanción de prácticas irregulares, y también otras que pretenden prevenir y reducir su existencia, simplificando el cumplimiento y eliminando trabas administrativas. Asimismo, se ha intensificado la implantación de políticas dirigidas a fomentar el compromiso social de los ciudadanos con el cumplimiento de sus obligaciones.
Sin perjuicio de que conviene aprender de experiencias ajenas y, por tanto, profundizar en nuestro país en estas prácticas de nuevo corte, preventivas e incentivadoras del cumplimiento me diante programas de información, comprensión y educación en medios de comunicación e Internet, se proponen en el trabajo algunas medidas en el ámbito laboral y fiscal referidas al caso español.
En la esfera laboral, las medidas a adoptar deberían basarse en la continuación de las reformas iniciadas, especialmente en lo que se refiere al emprendimiento, al uso de los contratos indefinidos y a la introducción de una mayor flexibilidad en la contratación. Asimismo, deberían reforzarse las figuras del empleo a tiempo parcial y la de apren diz, además de potenciar el papel de la formación profesional como solución al desempleo entre los jóvenes. También debería revisarse la regulación sobre salarios mínimos e insistir en la aplicación de políticas activas de empleo.
En el ámbito fiscal, las recomendaciones para reducir el fraude consisten en (i) simplificar el modelo fiscal y las figuras impositivas, (ii) combatir los paraísos fiscales y (iii) reorientar las actuaciones de inspección hacia la investigación en lugar de la comprobación de los datos.
Por último, los estudios analizados en el informe consideran que el pequeño tamaño de la empresa española es una de las causantes de la economía sumergida. En muchos casos, no se trata de un problema de cumplimiento de las obligaciones legales, sino de subsistencia. Son numerosas las empresas cuyo pequeño tamaño no les permitiría afrontar la elevada carga administrativa, burocrática e impositiva que su emersión supondría. Es un problema relevante que demanda el establecimiento de políticas activas dirigidas a fomentar el crecimiento de nuestro tejido empresarial. Sin duda, una nueva estructura institucional con empresas de mayor tamaño reduciría los niveles de economía no declarada, además de favorecer su competitividad y el acceso a financiación.
En el contexto del duro ajuste fiscal en el que se encuentra España, es necesaria, más que nunca, una actuación decidida para reducir el tamaño de la economía sumergida y, de esta forma, generar ingresos fiscales adicionales y dar ejemplaridad a la sociedad.