LOS CINCO AÑOS TRANSCURRIDOS DE CRISIS ECONÓMICA
HAN OTORGADO DE NUEVO GRAN RELEVANCIA A LA
EXISTENCIA DE ECONOMÍA SUMERGIDA.

Su tamaño ha alcanzado cifras elevadas  y  su  impacto  sobre las  cuentas  públicas,  en  términos  de  capacidad  recaudatoria  perdida,  resulta  de excepcional importancia. En noviembre de 2011, Tax Justice Network  publicó  un  estudio  sobre  la dimensión  de  la  economía  sumergida a escala mundial cifrándola a esa fecha en 11,1 billones de dólares, equivalente al 18,1% del PIB global. En sus propias palabras,  este  nivel  de  actividad  encubierta es un atentado contra la sociedad y contra la democracia; está en el propio centro de  la crisis económica y supone una  importante merma de  los  ingresos públicos.  Su  reducción  proporcionaría importantes recursos para proveer ser-vicios de salud, educación y pensiones a la población mundial. Este importante tamaño convierte la economía  sumergida en una gran anomalía  para  el  correcto  funcionamiento de una sociedad que genera problemas de desigualdad entre ciudadanos y competencia desleal entre sus empresas, su-pone un   grave quebranto de  los derechos de los trabajadores contratados de forma  irregular, distorsiona  los principales datos macroeconómicos y reduce la capacidad recaudatoria del Estado. Es, por tanto, una materia de especial  relevancia que ha  sido  recurrentemente estudiada por numerosos analistas e investigadores. Uno de los trabajos más  recientes  es  el  elaborado  por  la Fundación de Estudios Financieros que tuve la ocasión de presentar en la Bolsa de Barcelona en el mes de octubre pasa-do. Este estudio sistematiza y examina los  principales  trabajos  publicados  sobre la materia.

En  este  artículo,  de  extensión  limitada,  se  hará  referencia  a  algunas de  las  conclusiones  del  citado  trabajo analizando  en particular  el  alcance del concepto de economía sumergida y sus causas,  los  diferentes  sistemas  utiliza-dos para su medición, difícil de realizar por su propia naturaleza de encubierta, la estimación de su tamaño y de su impacto sobre la recaudación fiscal y sus posibles medidas para combatirla.

LAS CAUSAS. La Comisión Europea  y  la OCDE utilizan una definición similar para definir qué se entiende por economía sumergida. Para ambos organismos, su significado comprende actividades productivas  y  legales  en  sentido  económico, que son ocultadas deliberadamente a las autoridades públicas. Aunque, lógicamente, desde el momento en que no se cumplen las obligaciones tributarias la actividad sumergida se convierte en irregular, la definición no se refiere a actividades delictivas ni a grandes sumas de dinero ocultas en paraísos fiscales, sino a otras cuestiones cotidianas a lasque nos enfrentamos diariamente: pago de facturas sin IVA, contratación de trabajadores o de servicios sin declararlo, totalmente o de forma parcial, venta callejera no permitida…

Son situaciones habituales, en muchos casos aceptadas socialmente, y esta aceptación es también parte del problema. Las encuestas que periódicamente elaboran el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) o el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revelan que pudiera existir en España un problema de escasa conciencia fiscal, cuando se comparan los resultados de algunas de sus encuestas con otras similares de otras naciones europeas.

Así, la evolución de la opinión de los españoles sobre el tamaño del fraude fiscal en España se situaba en 2011 en el nivel más negativo desde el año 1995(el 79% de los españoles consideraban que había aumentado, mientras que en1999 este porcentaje era del 24%). Y en relación con la conciencia tributaria, un 33% de los españoles consultados opinaban que hay alguna justificación para defraudar. Por otra parte, según la encuesta de Opinión Pública y Política Fiscal, publicada por el CIS en julio de 2012, el 72,3% de los ciudadanos opinaban que no se engañaba más a Hacienda por miedo a ser descubiertos.

Estas estadísticas reflejan una doble moral de la sociedad española en esta materia: dos tercios de la población no encuentran ninguna justificación para el fraude fiscal y, sin embargo, el fraude es aceptado por nuestros ciudadanos.

Y esta doble moral, que denota a la vez falta de honestidad y de conciencia cívica, es una de las causas de su existencia junto a otras razones que han sido destacadas por los numerosos estudios publicados: la percepción de que la relación entre los impuestos que se pagan y los servicios y prestaciones que se reciben no es la adecuada; la excesiva regulación y la complejidad de las obligaciones tributarias, laborales y administrativas; la impunidad de los que defraudan; los flujos migratorios o la ineficacia de la lucha para combatirla.

Así mismo a elevada presión fiscal es considerada por muchos como una de las principales causas de la economía sumergida. No obstante, este es un tema discutido. Algunos autores sugieren que no existe una relación directa entre una elevada presión impositiva y un mayor tamaño de la economía sumergida.

Países  como  Austria,  Dinamarca,  Finlandia, Francia y Suecia con niveles de presión fiscal muy elevados tienen una economía sumergida significativamente inferior a la de otros países europeos con una presión fiscal más reducida.

Según  estas  opiniones,  es más  bien  el mayor nivel de desarrollo económico y social y de transparencia en el gasto público lo que determina que exista menor economía sumergida.

Además,  los  sucesivos  planes  de amnistía fiscal realizados en los últimos años en España no ayudan a mejorar la conciencia tributaria de los ciudadanos ni a estimular  la obligación de cumplimento fiscal.

SISTEMAS  DE  MEDICIÓN.  El  propio  carácter  oculto  de  la  economía  sumergida hace que  su medición  sea una  tarea complicada. No obstante, hay diferentes métodos de estimación que, con muchas limitaciones,  tratan, de  forma directa o indirecta, de evaluar su tamaño y aunque sus valores absolutos puedan ser discutidos, permiten obtener  series homogéneas y hacer comparaciones. Principalmente,  se  utilizan  tres  ti-pos  de métodos  para medir  el  tamaño de la economía sumergida: directos, indirectos  y una  tercera  vía denominada método MIMIC.

Los métodos de estimación directos tratan  de  determinar  su  tamaño  mediante  encuestas  y  cuestionarios,  así como  a  través  de  discrepancias  entre ingresos  declarados  e  ingresos efectivos. Estos métodos no son  los más utilizados porque plantean inconvenientes tales como la subjetividad del diseño del cuestionario, la posible falta de cooperación de los encuestados o la dificultad de seleccionar una muestra representativa.

Los  modelos  indirectos  tratan  de analizar diferencias entre lo que podría considerarse normal en una economía y lo que realmente se observa en el comportamiento de ciertas variables macro.

Se basan, por ejemplo, en  la evolución de  la demanda de  efectivo,  asumiendo que un mayor volumen de estos medios de pago, de difícil identificación fiscal, podría  ser  indicativo  de  un  aumento de  la  economía  no  declarada  o  en  un aumento  no  explicable  a  través  de  variables  habituales  de  la  demanda  de energía  eléctrica,  lo  que  podría  ser  un indicio de un aumento de  la economía sumergida.

Un tercer método es el denominado método MIMIC  (Multiple  Indicators & Multiple Causes), que se basa en el análisis  de  las  relaciones  de  la  economía sumergida  con  ciertas  variables  observables  que  la  causan  (variables  causa) y otras variables,  también observables, sobre las que influye (variables indicadores).

La  mayoría  de  las  investigaciones utilizan estos dos últimos métodos (in-directos y MIMIC), que al igual que los directos  tienen  limitaciones.  No  obstante,  los  resultados  obtenidos  permiten observar  la tendencia a  lo  largo del tiempo de  la magnitud de  la economía sumergida  de  un  determinado  país  y estimar su distancia con otros de su entorno a de otras zonas geográficas cuyas magnitudes, al fin y al cabo, han sido medidas  de  la misma  forma  y  con  las mismas técnicas.

ESTIMACIÓN  E  IMPACTO.  Un  reciente estudio  realizado por A.T. Kearney  y  el profesor Friedrich Schneider para VISA con datos a marzo 2013, sitúa el volumen de la economía sumergida en Europa en 2,1 billones de euros,  lo que equivale al 18,5% del PIB europeo.

En  España,  según  este  estudio,  el importe  asciende  a  196.000  millones de euros, es decir, un 18,6% del PIB, similar por tanto a la media europea pero inaceptablemente alto (otros estudios lo sitúan por encima del 20%).

Además, si se compara este ratio con el  de  los  principales  países  europeos, resulta ser notablemente superior al de Austria, Holanda o Suiza (que se sitúan por debajo del 10%), al de Francia y Reino Unido  (en  el  entorno del  10%) o  al de Alemania  (situado en el 13%). Sola-mente Italia, con un 21%, supera la cifra española.

Otro  trabajo  realizado para  el  grupo  parlamentario  europeo  Progressive Alliance of Socialists & Democrats coincide con estas estimaciones y, además, cifra la pérdida recaudatoria anual en el conjunto de  la UE en 864 mil millones de  euros.  Este  importe  representaba con datos de 2009 un 105,8% del gasto

Europeo en salud y un 139,3% del déficit fiscal anual del conjunto de los 27 países europeos incluidos en el estudio.

Para el caso español, los cálculos sobre recaudación perdida son igualmente  impactantes.  No  parece  razonable pretender eliminar la economía sumergida en España pero sí lo sería tratar de aproximar  su magnitud  a  la media  de los  países  europeos más  grandes  (Alemania,  Francia, Reino Unido  e  Italia). Acercar  el nivel de  economía  sumergida española a  la media de estos países supondría  reducir  su  tamaño  en  5,5 puntos del PIB, lo que representaría entre 18.000 y 20.000 millones de euros anuales de  ingresos adicionales para el conjunto de la economía española.

Para el caso de Catalunya, según un trabajo de la Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), con datos de Eurostat a 2009, el porcentaje que la economía sumergida representaba respecto a su PIB era del 22,3% y extrapolando datos, se obtendría una cifra de recaudación adicional de unos 3.800 millones de euros anuales.

Desde luego, son cifras nada despreciables que suponen aproximadamente entre el 1,8 y el 2,0% de los respectivos PIB (para el conjunto de España y para Catalunya), y  realzan  la  idea de que es imprescindible  mejorar  los  procedimientos  de  lucha  contra  la  economía sumergida.

Y  de  estas  cifras,  se  estima  que  en torno a un 8% del PIB es consecuencia del fraude laboral, en términos de cotizaciones a la Seguridad Social evadidas, prestaciones  indebidas  que  pudieran estar  pagándose  a  desempleados  con empleo  no  declarado  e  impuestos  di-rectos (IRPF) eludidos. En términos de empleo el  indicado porcentaje equivaldría al menos a un millón de puestos de trabajo que deberían aflorar en España y a unos 230.000 en Catalunya.

POSIBLES MEDIDAS A ADOPTAR. En Europa se han implantado en los últimos años numerosas medidas  para  luchar  contra la economía sumergida. Por un lado, de tipo disuasorio, que buscan la detección y sanción de prácticas irregulares. También se han adoptado otras para prevenir y reducir su existencia que buscan incentivar  el  cumplimiento; medidas  principalmente basadas en la simplificación de  la regulación tributaria y  laboral y  la eliminación de trabas administrativas.

Por otra parte, se han  instituido en Europa políticas dirigidas a fomentar el compromiso social de  los ciudadanos y concienciarles de  la necesidad de cumplir con sus obligaciones.

En  España  debemos  seguir  este camino  ya  iniciado  en otros países  europeos promoviendo programas de  información y educación a los ciudadanos a  través  de medios  de  comunicación  e Internet.  Asimismo,  es  preciso  simplificar el modelo fiscal y reducir figuras impositivas y reorientar las actuaciones de  inspección hacia  la  investigación en lugar de  la comprobación de  los datos. Igualmente, en el ámbito  laboral deberían simplificarse los trámites administrativos para la contratación, incentivar la  contratación  regular,  fomentar    las  figuras del empleo a tiempo parcial y la de aprendiz y potenciar la formación profesional para los jóvenes.

UNA ÚLTIMA CONSIDERACIÓN. El pequeño tamaño de la empresa española se encuentra en el núcleo de  la existencia de la economía sumergida. La actividad no declarada de muchas de nuestras pequeñas empresas es simplemente una cuestión  de  supervivencia.  Su  reducido tamaño no les permite afrontar la elevada carga  administrativa,  burocrática  e  impositiva que su emersión supondría. La adopción  de  políticas  activas  que  favorezcan la creación de empresas de mayor tamaño contribuiría a reducir los niveles de economía oculta, además de favorecer su competitividad y el acceso a financiación, que es otro de  los grandes problemas del tejido empresarial español.

Son  todas  ellas  propuestas  que,  en el  contexto  del  duro  ajuste  en  el  que se  encuentra  España,  son  necesarias para reducir el  tamaño de  la economía sumergida y generar ingresos fiscales adicionales.  Pero  no  solo  por  esta  razón. Es también ineludible devolver a la sociedad la sensación de que el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de las reglas  laborales es  inexcusable y de que no hacerlo es un grave atentado a la convivencia.

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